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22 de Octubre de 2000 Mesa coja
Durante los últimos meses, el país ha observado cómo se ponen de acuerdo el gobierno y algunos agricultores para tomar medidas proteccionistas, dejando fuera al resto de los afectados. La "mesa de diálogo agrícola" ha sido una mesa coja, donde no participaron ni los consumidores ni los trabajadores y empresarios de los sectores exportadores, a pesar de ser éstos los principales perjudicados por dichos acuerdos. Particularmente preocupantes son las medidas adoptadas para favorecer al sector azucarero. La principal de ellas propone renegociar, con la Organización Mundial del Comercio (OMC), el arancel máximo (llamado "arancel consolidado") que se puede cobrar a las importaciones de azúcar, pasando del 31,5 % actual a más del 100 %. Esta renegociación es indeseable por varios motivos. En primer lugar, abrirá la posibilidad de que la única empresa que produce azúcar en Chile y los agricultores remolacheros presionen para aumentar el precio interno del azúcar a niveles que llegarán a más del doble del valor internacional. Tal como ocurrió luego de la promulgación de la ley de salvaguardias en 1998, estos grupos presionarán para aprovechar al máximo las posibilidades de protección. En segundo lugar, se reducirá la competitividad de las exportaciones agroalimenticias, contribuyendo a que industrias que utilizan el azúcar como uno de sus principales insumos sigan abandonando nuestro país para instalarse en Argentina. Tercero, nuestro sector exportador se volverá más vulnerable, ya que estará expuesto a represalias por parte de los países afectados por las medidas proteccionistas. De esta manera, se acentuarán los problemas que hemos tenido en años recientes para concluir exitosamente negociaciones comerciales con otros países. Con objeto de evitar que reclamos de los países que exportan azúcar a Chile dificulten la aprobación del incremento en el arancel consolidado correspondiente, la industria azucarera ha propuesto ofrecer cuotas de importación a dichos países (Brasil, Argentina y Guatemala). Esta propuesta es lamentable, ya que quienes obtienen las cuotas pueden vender ciertas cantidades de azúcar en nuestro país a un precio muy superior al precio internacional, sin cancelar los aranceles que deben pagar las restantes importaciones. Por eso, las cuotas representan un enorme traspaso de recursos desde nuestros consumidores a productores extranjeros. Además, como una autoridad debe decidir quiénes son favorecidos con las cuotas, los incentivos para la corrupción son evidentes. Más aún, la experiencia con este tipo de instrumentos indica que una vez establecidos es difícil eliminarlos, pues los beneficiados dedican parte de las jugosas ganancias que obtienen a hacer lobby para mantener las cuotas. Peor aún, se generan presiones para aumentar la cuota vigente y establecer cuotas a otros productos. Las medidas anteriores ilustran el éxito que ha tenido el lobby agrícola tradicional en manipular el sistema político chileno. Con frecuencia, los ministros de Agricultura más bien parecen representantes del sector agrícola tradicional al interior del gobierno, que representantes de los intereses de todos los chilenos en el área agrícola. Esta manipulación ha llevado a que los consumidores, gran parte de ellos con ingresos muy bajos, paguen sobreprecios considerables por productos esenciales, como el azúcar, el aceite, el trigo, el pan y la leche, beneficiando principalmente a un reducido grupo de individuos que no se encuentra entre los sectores más pobres del país. Estudios recientes muestran que la mayor parte de los subsidios al sector agrícola tradicional no beneficia a los trabajadores de dicho sector, quienes siguen recibiendo salarios inferiores a aquellos de los trabajadores urbanos. La agricultura tradicional ha tenido varias décadas para adaptarse a las realidades de una economía abierta, contrastando con los demás sectores productivos que sí lo han hecho, transformándose en dinámicos exportadores o en sustituidores eficientes de importaciones. Frecuentemente se argumenta que los subsidios para el sector agrícola tradicional se justifican porque otros países también subsidian a sus productores. Al respecto, cabe notar que Chile es un país demasiado pequeño y pobre para pretender deshacer las injusticias que derivan de políticas proteccionistas de los Estados Unidos y la Comunidad Europea. Si los consumidores de países industrializados desean gastar parte de sus impuestos subsidiando el precio del azúcar que se consume en Chile, lo que debemos hacer es aprovechar dicha oportunidad. Y los cientos de millones de dólares que se gastan anualmente en subsidiar al sector agrícola tradicional podrían destinarse, por ejemplo, a capacitar a los trabajadores menos calificados, incluyendo a aquellos del sector agrícola tradicional. Por todo lo anterior, el gobierno debe negarse a renegociar el arancel consolidado para el azúcar. Tampoco debiera volver a sentarse a negociar con unos pocos privilegiados a costa del país como un todo, el que pierde bienestar, producción, empleo y potencial productivo. Es hora de repensar la política agrícola en beneficio de todo el país. |