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13 de Agosto de 2000 ¿Un peso, un voto?
No existe información fidedigna sobre cómo se financian los partidos políticos en Chile. La importancia del tema se refleja en que, durante sus campañas, tanto Lagos como Lavín coincidieron en la necesidad de legislar para que el financiamiento electoral sea más transparente. En mayo recién pasado, el Ejecutivo envió un proyecto de ley sobre financiamiento electoral al Congreso. Al mismo tiempo, el CEP presentó una propuesta sobre el tema. Hay diferencias importantes entre ambas propuestas que conviene conocer y discutir. Legislar sobre este tema exige combinar y contrapesar objetivos distintos, algunos de los cuales menciono a continuación. Se desea garantizar el derecho a que todos los candidatos puedan ser oídos, eliminar la evasión de impuestos asociada al financiamiento que los candidatos obtienen de empresas y evitar el uso de fondos públicos para financiar a determinados candidatos. Aun cuando estos objetivos son importantes, el principal objetivo de una ley de financiamiento electoral debiera ser evitar las distorsiones que se producen cuando los grandes financistas tienen una influencia decisiva sobre las plataformas y resultados electorales. Se estima que tanto una campaña presidencial como una parlamentaria cuestan, sumando todos los candidatos, a lo más, 100 millones de dólares. Luego, las pérdidas fiscales por evasión de impuestos no pueden exceder este monto. Lo mismo vale para los fondos públicos destinados a financiar campañas. En cambio, aprobar leyes que favorecen a financistas determinados, en desmedro del resto de la ciudadanía, puede tener un costo varias veces superior a los 100 millones de dólares. A modo de ejemplo hipotético, no aprobar cambios regulatorios urgentes en el sector eléctrico o de telecomunicaciones puede reducir la productividad de la economía, con costos superiores a los mil millones de dólares. Legislar sobre financiamiento político requiere ser realista respecto de poder hacer cumplir las disposiciones de una ley sobre el tema. La actividad política se desprestigia al aprobar leyes con propósitos loables, pero que, en la práctica, son burladas por ser imposibles de fiscalizar. Es importante mantener tanto la franja televisiva gratuita, como la prohibición de transmitir propaganda política pagada en la televisión. Siendo la televisión el medio de comunicación de mayor impacto, asignar espacios televisivos gratuitos en base a la representatividad de las candidaturas y no de los recursos con que éstas cuentan, es una manera simple y eficaz de limitar la influencia del dinero. Una propuesta interesante del estudio del CEP es el financiamiento público de las campañas electorales y los partidos políticos. A este respecto, propone establecer un financiamiento estatal mínimo para las candidaturas parlamentarias y presidenciales, el que se usará para comprar espacios radiales y de prensa. Cabe preguntarse si no se pueden extender las restricciones que operan para la propaganda electoral televisiva a las radioemisoras. El citado estudio propone un subsidio decreciente, que multiplique el valor de las donaciones de las personas naturales inscritas en los partidos políticos hasta un cierto monto, de modo que el Estado agregue más valor a las donaciones más pequeñas. Esa medida logra traducir la intensidad de las preferencias electorales en financiamiento electoral, reduciendo el impacto de las diferencias patrimoniales de los votantes. Una de las diferencias importantes entre las propuestas del gobierno y el CEP es respecto de la transparencia en los orígenes de los fondos. El gobierno optó por la transparencia total, en cambio, el CEP propone un sistema mediante el cual el candidato conoce los montos agregados que recauda su campaña, pero, al igual que los votantes, desconoce su origen. La propuesta del CEP no me parece atractiva, porque la "muralla china" propuesta, siendo ingeniosa, no impone un tope a los montos que puede recibir una candidatura, de modo que aun si no hay tráfico de influencias, los candidatos con posiciones cercanas a aquellas de los grandes financistas obtendrán financiamiento privilegiado. Más aún, al desconocerse la identidad de los donantes el problema de las distorsiones electorales se acentúa, pues los electores no saben quiénes están financiando ciertas plataformas electorales. Me parece que para limitar las distorsiones que crea el financiamiento electoral es importante exigir la publicidad total del origen de los fondos que recibe cada candidatura. Por el mismo motivo, creo que se justifica prohibir el financiamiento electoral por parte de empresas. Inevitablemente, estas medidas darán lugar a diversas martingalas para evadirlas, llevando a que los candidatos no declaren parte de los ingresos recibidos. Este problema se puede aminorar encomendando a un organismo independiente estimar los costos de las campañas, basándose en el valor de mercado de la propaganda electoral observada. Aun cuando los candidatos que declaren ingresos muy por debajo del costo estimado de su campaña no estarán sujetos a penas legales, el hecho de que la opinión pública conozca esta diferencia tendrá un efecto disuasivo. Hace casi medio siglo se aprobó el voto secreto, terminando así con la compra de votos. Es hora de aprobar una ley de financiamiento electoral que limite la influencia del dinero sobre la agenda pública. |