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30 de Julio de 2000 Descrédito Universitario
Por generaciones la educación ha sido percibida como el principal medio de movilidad social en el país. La obtención de un título universitario aseguraría ingresos altos, siendo muchas las familias que realizan grandes sacrificios para financiar los estudios universitarios de un hijo. Lo anterior sugiere que el Estado puede mejorar la distribución del ingreso ayudando a financiar la educación universitaria de los más pobres, utilizando programas como el polémico crédito universitario. Desgraciadamente, en la práctica el crédito universitario es un carísimo subsidio (más de US$ 70 millones anuales) que beneficia principalmente a estudiantes de ingresos medios y altos. En 1996 (último año con cifras disponibles), los estudiantes provenientes del 20 % (quintil) de los hogares con mayores ingresos recibieron por concepto de este crédito el triple de recursos que los provenientes del quintil más pobre. La situación era aun peor en 1987, cuando los estudiantes del quintil más rico percibieron el 29.7% de los recursos asignados, comparado con un escuálido 7.5 % del quintil más pobre. Que los más pobres no se beneficien con el crédito universitario se debe a que la mayoría de ellos no llega a cuarto medio y, por lo tanto, no tienen acceso a la educación superior. En cambio, que los estudiantes del quintil más rico reciban una fracción importante del crédito (en 1987 era el quintil más beneficiado) ilustra los serios problemas de diseño que tiene dicho subsidio. En efecto, en la actualidad es atractivo acceder al crédito universitario para todos los estudiantes, aun para aquellos que no lo necesitan, porque éste cobra una tasa de interés muy inferior (2 % anual) a la de mercado. Si se cobrara la tasa de mercado, quienes pueden hacerlo financiarían la matrícula con recursos familiares y sólo quienes realmente lo necesitan solicitarían el crédito. Cobrar la tasa de mercado es el mejor mecanismo para evitar que el crédito universitario se filtre hacia quienes no lo necesitan. Aplicar la tasa de mercado también ahorrará importantes recursos al fisco, los cuales podrán destinarse a reducir la alta deserción de los estudiantes universitarios de escasos recursos. Esta alta tasa se debe principalmente a la falta de recursos para mantenerse mientras estudian y a la preparación deficiente que estos estudiantes traen de la enseñanza media. Esto sugiere varias medidas. Primero, extender el crédito universitario de modo que además de financiar la matrícula incluya una mensualidad que permita a los estudiantes mantenerse mientras estudian. Segundo, destinar recursos para nivelar los conocimientos de los estudiantes más pobres durante su primer año en la universidad. Un problema no menor con el crédito universitario es lograr que los estudiantes talentosos de origen humilde soliciten dicho crédito. Saber que empezarán a trabajar con una deuda superior a diez millones de pesos en caso de solicitarlo puede inducir a estos estudiantes a no ingresar a la universidad. A este respecto es importante mantener el tope actual de pago por la deuda de un 5% del ingreso anual del estudiante, lo cual se podría complementar con exigir dicho pago sólo en aquellos años en que el ingreso excede un cierto mínimo. Sin embargo, como el pago de la deuda depende del ingreso del estudiante, no se justifica la política actual de condonar el remanente de la deuda cuando se cumplen 12 años desde que el estudiante egresó. Es importante asegurar que este crédito se pague (con el tope antes mencionado). El sistema actual en que las universidades juegan un rol central en la cobranza no funciona, ya que una fracción importante de los estudiantes no paga nunca su deuda. Es injusto que un joven que termina sus estudios y luego es un profesional, con lo cual en promedio percibirá un ingreso cinco veces superior al de quienes no accedieron a la universidad no devuelva el préstamo recibido. Es particularmente injusto para quienes no han podido enviar a sus hijos a la universidad y tuvieron que financiar a este joven con los impuestos que pagan, por ejemplo, mediante el IVA. Para reducir la morosidad en el pago del crédito universitario lo más simple y efectivo es entregar al Servicio de Impuestos Internos la atribución para fiscalizar dicho pago al examinar las declaraciones de impuesto a la renta. Algunos sectores proponen regresar a los aranceles diferenciados de los años sesenta, cuando cada estudiante pagaba una matrícula acorde con los ingresos de su familia. Esta propuesta exacerbaría todos los problemas que tiene el diseño actual del crédito universitario, sin aportar ningún beneficio. Otros sectores argumentan que un crédito fiscal más generoso hará renacer la institución de "estudiantes eternos". Esta objeción justifica exigir un puntaje razonable en la Prueba de Aptitud Académica para acceder al crédito fiscal y un rendimiento aceptable cada año para renovarlo. En resumen, es urgente rediseñar el crédito fiscal para que los 70 millones de dólares que se gastan por este concepto al año efectivamente contribuyan a que los pocos jóvenes de bajos ingresos que logran acceder a la universidad completen sus estudios universitarios. *Académico y director del Centro de Economía Aplicada (CEA), Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile. |