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06 de Mayo de 2000 Cuentas claras
Durante el último semestre de 1999 la oposición hizo un gran número de denuncias de corrupción, sugiriendo la existencia de problemas serios de probidad en el segundo gobierno de la Concertación. No comparto esa opinión. De hecho, los indicadores de corrupción internacionalmente aceptados avalan mi punto de vista. Así, por ejemplo, el Indice Internacional de Percepciones de Corrupción que confecciona Transparency International arroja en 1999 un índice de 6,9 para Chile (en una escala donde 10 es el mejor indicador posible, obtenido por Dinamarca, y 1,0 el peor). De entre 100 países, Chile ocupa el lugar número 20, el mejor entre las naciones en desarrollo, un puesto después de Estados Unidos y uno antes de Israel. Aun cuando estos índices, como todos los de su tipo, tienen un margen de error no despreciable, es posible afirmar, sin lugar a dudas, que clasificando a los países en tres categorías (situación crítica, vulnerable o fuera de riesgo), Chile se encuentra en este último grupo. Este puede ser un buen momento para discutir un tema relacionado con corrupción, en un contexto menos apasionado que el que rodeaba la elección presidencial. Una serie de trabajos empíricos recientes sugieren medidas concretas para reducir la corrupción. Esta nueva línea de investigación en políticas públicas es expuesta con suma claridad por uno de los principales expertos en el tema, Daniel Kaufmann, del Banco Mundial, en un artículo que será publicado próximamente en "Perspectivas". La corrupción se define como "el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados". Es decir, por definición, la corrupción siempre involucra a un funcionario público, quedando fuera relaciones deshonestas dentro del sector privado. Esta nueva literatura muestra que uno de los principales determinantes del nivel de corrupción es el grado de "accountability" de los funcionarios públicos. No utilizo el anglicismo "accountability" por capricho, sino porque no existe un vocablo equivalente en castellano (u otros idiomas que derivan del latín). En un sentido restringido, "accountability" se refiere a la capacidad del gobierno (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de dar cuenta de sus actos en forma transparente a la ciudadanía. Hay varias medidas que contribuyen a mejorar la "accountability" de los servidores públicos, que son comunes en países desarrollados, pero no existen en Chile. Una primera medida es informar al público de las votaciones parlamentarias. La página web del Congreso debiera indicar cómo votó en cada ocasión cada uno de los diputados y senadores. En Chile no se lleva registro de ello; además, algunas votaciones son secretas. Esta iniciativa contribuirá a crear transparencia y constituirá un primer paso para hacer menos probable que los legisladores cedan a las presiones de grupos particulares. Una segunda medida para reducir este riesgo es que sea obligatorio que los partidos políticos declaren públicamente las fuentes y montos de su financiamiento. Varios lectores esbozarán sonrisas irónicas al leer la frase anterior, pensando que esto es imposible de implementar en la práctica. No es cierto. En la última elección presidencial argentina los principales candidatos permitieron auditorías de los montos gastados en la campaña electoral. La organización no gubernamental que realizó esta auditoría, Poder Ciudadano, comparó las cifras declaradas por los partidos con el valor de mercado de la propaganda electoral observada por sus monitores. No fue posible auditorear las fuentes de financiamiento, pues la ley argentina permite a los financistas de campañas electorales exigir que su identidad no sea revelada hasta tres años después de la elección. Si en Argentina, cuyo índice de corrupción es significativamente mayor que el de Chile (ocupa el lugar 71 con un índice de 3,0), fue posible auditar los montos gastados, en Chile debiera ser posible hacer auditorías de fuentes y montos de financiamiento. También vale la pena señalar uno de varios casos en que se están llevando a cabo importantes avances en el tema de "accountability". Se trata de los informes de inflación que el Banco Central publicará cada cuatro meses, partiendo el 16 de mayo próximo. Estas publicaciones permitirán conocer la visión del instituto emisor sobre la coyuntura económica y sus estimaciones de mediano plazo para el crecimiento del producto y la inflación. También se harán públicas las minutas de las reuniones del Consejo del Banco Central, con las razones que dio cada consejero para cada una de sus votaciones, aunque esto se hará con un rezago de noventa días. De esta manera se facilitará la evaluación de las políticas del Banco Central, reduciendo las posibilidades de que se cometan errores. De hecho, se puede argumentar que si estas medidas de "accountability" hubiesen existido con anterioridad, la recesión del año pasado hubiese sido menor (o hasta evitable). Este ejemplo también ilustra que "accountability" y autonomía son compatibles. En resumen, es deseable que se discutan medidas concretas que contribuyan a mejorar la "accountability" de nuestros servidores públicos. Es un tema que involucra tanto a políticos de gobierno como de la oposición, así como a profesionales que trabajan en puestos directivos del sector público. Dejarlo sólo para los períodos electorales es ignorar la importancia del tema. |