09 de Abril de 2000

Las lecciones de Tocopilla

Es hora de revisar el rol de Enami, de eliminar la mayoría de los subsidios que entrega, de excluir a los empresarios de la Sonami de su directorio y de privatizar sus fundiciones.

Eduardo Engel

El 20 de marzo, cuatro mineros se encerraron al interior de la mina en que trabajaban, en las afueras de Tocopilla, en protesta por la baja de precios decretada por la Empresa Nacional de Minería (Enami). Las críticas no se hicieron esperar: los empresarios mineros -agrupados en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)-, los diputados y senadores de la región y los habitantes de Tocopilla desahogaron, cada uno a su manera,su frustración con la empresa estatal. Lo sucedido motiva las siguientes preguntas: ¿es realmente Enami el "malo de la película"?, ¿son los mineros que hicieron noticia quienes más se beneficiaron con haberle doblado la mano a Enami? Y más allá de la coyuntura, ¿se justifica la existencia de Enami? Enami provee una serie de subsidios. El más importante de éstos establece un poder de compra para los óxidos y sulfuros que producen los pequeños mineros, los que luego procesa y vende. El subsidio radica en que los pequeños mineros reciben del Estado un pago mayor al dinero que la Enami obtiene de su posterior venta..

Sin embargo, no son los pequeños mineros los únicos beneficiados por la mano de Enami. En ocasiones, la compañía procesa el mineral que compra en sus plantas y fundiciones; en otras, y ese es el caso de Tocopilla, lo vende a privados para que éstos lo hagan. Allí, la planta Tocopilla es el único comprador y, por ende, contraparte de Enami en el pésimo negocio de intermediación. Pero no sólo eso: el dueño de la planta es también propietario de la mayoría de las minas de cobre de la zona -razón por la cual no califica para vender su producción a la empresa estatal. El problema estriba en que Enami no tiene cómo determinar si el cobre que compra pertenece a los pequeños mineros de la zona o al empresario en cuestión. Pocas veces ha habido un subsidio peor diseñado.

Teoría económica y experiencia sugieren que es casi imposible evitar que un subsidio de este tipo se filtre hacia quienes no corresponde. Así, lo más probable es que el principal beneficiario del alza del precio que tuvo que decretar Enami no sean los pares de los mineros que se sepultaron en el pique.

Más allá de Tocopilla y sus filtraciones, cabe preguntarse si los subsidios que entrega Enami se justifican. Durante el período 1996-2000,éstos ascendieron a casi US$ 70 millones. ¿Cuántos trabajadores se beneficiaron? La respuesta es un número sorprendentemente chico: dos mil,que se desglosan en 400 pequeños empresarios y sus respectivos trabajadores (cuatro cada uno, como media). Tenemos que el dueño de cada mina ha recibido, en los últimos cinco años, un subsidio mensual promedio de $ 1,5 millones. Si a esta cifra descontamos los sueldos mensuales de $ 120 mil pesos pagados a cada pirquinero, obtenemos un subsidio mensual de $ 1 millón para cada pequeño minero. Aquí se abren dos posibilidades. La primera es que el millón haya ido a los bolsillos del dueño de la mina,en cuyo caso éste distaría mucho de ser "pobre" y objeto digno de subsidio. Alternativamente, este millón pudo absorber parte de las pérdidas que dejan estas minas, en cuyo caso los pequeños mineros calificarían como "pobres" merecedores de subsidio. Pero de ser así, se estaría pagando un precio demasiado alto, ya que con mucho menos plata se los podría ayudar más.

Lo anterior lleva a preguntarse si se justifica la existencia de la Enami y si no sería mejor destinar los US$ 14 millones anuales que le entrega el Fisco a fines más urgentes. La respuesta parte por notar que con el tiempo los yacimientos que explotan los pequeños mineros se van agotando y haciendo menos rentables. El futuro de la minería del cobre en Chile está en la gran minería.

¿Qué hacer con Enami mientras se agota la pequeña minería? Se debe comenzar por separar sus actividades productivas de aquellas que involucran subsidios y privatizar sus fundiciones. Con los recursos que esta última generaría, estimados en más de US$ 400 millones, se podría financiar una serie de programas sociales, además de la reconversión productiva para los pequeños mineros. También se pondría fin a otro subsidio: el que dan las fundiciones -al margen de la pequeña minería- a la mediana minería, lo cual es, a todas luces, altamente regresivo.

Respecto de los subsidios al precio del cobre, éstos también deberían eliminarse. En cambio, es aconsejable mantener los programas que tiene Enami para mejorar la gestión de las pequeñas minas.

Finalmente, es importante terminar con la presencia de dos miembros de Sonami en el directorio de Enami, pues representan a los principales beneficiarios de las políticas de fomento de esta última. Como tales, es difícil que puedan separar decisiones de gestión de decisiones sobre a quién y cómo subsidiar en el sector. Más aún, como varios miembros de Sonami tienen deudas con Enami, podría darse la situación de que el miembro de un directorio esté endeudado con la empresa que dirige. Los conflictos de interés son evidentes.

En suma, es hora de revisar el rol de Enami, de eliminar la mayoría de sus subsidios, de excluir a los empresarios de la Sonami de su directorio y de privatizar sus fundiciones. Y por cierto, de tomar medidas para que no se vuelvan a generar situaciones en que la opinión pública es desinformada en beneficio de unos pocos.